El presidente de Conagopare Azuay, Jonnathan Quiñónez, junto al presidente de Conagopare Cañar, David Romero, informaron sobre la transferencia de recursos a los Gobiernos Parroquiales por concepto de la Ley 047, misma que establece asignaciones por excedente de la venta de energía eléctrica. Un lucha de varios años de lo Gobiernos Parroquiales que se hace realidad con esta transferencia y que permiten un incremento en los presupuestos, beneficiando directamente a la población rural.
De acuerdo con información del Ministerio de Finanzas, los 133 Gobiernos Parroquiales de Azuay, Cañar y Morona Santiago, recibirán cada uno alrededor de 64 mil dólares (42.071 correspondiente a la liquidación de valores del extinto CREA y 21.991 correspondiente al pago anual de 2023 de la Ley 047). Estos serían los primero recursos que se entregarán de manera directa a los GAD Parroquiles tras aprobarse la reforma de la Ley y que corresponden a los recursos que antes se entregaban al Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA), institución que fue suprimida en el 2009. Ahora, cada año los Gobiernos Parroquiles recibirán por este concepto los 21.991 dólares .
El presidente Jonnathan Quiñónez explicó que en el caso de Azuay son 3,9 millones que se transferirán; recursos que los GAD Parroquiales podrán invertir directamente en obras. El presidente destacó la importancia de estos montos para los Gobiernos Parroquiales que dependen únicamente de los recursos del Gobierno Central. “Tenemos GAD Parroquiales como Simón Bolívar que tiene un presupuesto de 90 mil dólares, de los cuales el 78 mil se van en gasto corriente y apenas le quedan 12 mil dólares para hacer obras, y ahora contarán con 64 mil dólares para invertir de forma directa en obras para la parroquia”, explicó.
De acuerdo con la Ley, estos recursos se deberán invertir el 70 % en obras de infraestructura parroquial rural y el 30 % restante en programas de forestación y reforestación.
Para recordar.
La anterior Ley 047 establecía una asignación del 5% de la facturación que por la venta de energía a las Empresas Eléctricas efectúe en ese entonces el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel). En la división de ese 5 % se destinaba el 60% en partes iguales entre los Municipios de Azuay, Cañar y Morona Santiago y el 40 % para el Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA), institución que fue suprimida en el 2009.
Tras la reforma y aprobación de la ley, ese 40 % debe ir partes iguales a los Gobiernos parroquiales de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Además, la reforma plantea una transitoria en la que se establece que los valores pendientes no transferidos correspondientes a los ejercicios fiscales anteriores, que correspondan al 40 % asignados para el extinto CREA, deberán ser transferidos en la misma porción establecida, es decir: el 60 % a lo GAD Municipales y el 40 % a los Gobiernos Parroquiales.