La Asamblea Nacional aprobó el jueves, 12 de enero el proyecto de reforma a la Ley que establece rentas en favor de las provincias Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por la venta de Energía Eléctrica (Ley 047). Con esta aprobación los GAD Parroquiales recibirán los recursos económicos provenientes de la venta de energía de las centrales hidroeléctricas de Paute, Pucará y Agoyán, para ejecutar acciones en el marco de sus competencias para fortalecer el desarrollo integral de sus territorios.
Según el proyecto, en el Presupuesto del Estado se establecerá en favor de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua asignaciones equivalentes al 5% de la facturación por la venta de energía a las empresas eléctricas que efectúe la Corporación Eléctrica del Ecuador Celec EP o la entidad que haga sus veces y que sea original de las centrales hidroeléctricas de Paute, Pucará y Agoyán.
El 60% de esos recursos será entregado en partes iguales a los GAD Municipales de Azuay, Cañar y Morona Santiago para obras de infraestructura vial, gestión y saneamiento ambiental. Mientras que el 40% se repartirá en partes iguales a los GAD parroquiales de estas jurisdicciones para invertir: el 70% en la ejecución de obras de infraestructura parroquial rural y el 30% restante en programas de forestación y reforestación.
El presidente Leonardo Tigre, junto con varios presidentes de los Gobiernos Parroquiales de la provincia, viajaron a Quito para respaldar este proyecto y tras la votación de los asambleístas expresaron las importancia de la aprobación de la misma.
“Desde tiempo atrás se ha venido con esta lucha, para brindar dignidad a la ruralidad azuaya, cañarense y de Morona Santiago. Con esta reforma podemos llegar a nuestro pueblo con infraestructura pública y programas de protección al medio ambiente”, expresó el presidente Leonardo Tigre.
“Es un día histórico porque se hace justifica social con la ruralidad. Con la aprobación de esta Ley habrá un incremento de alrededor de 30 mil dólares para cada GAD Parroquiales que, con nuestra situación y realidad, es de suma importancia», expresó el presidente Efraín Sanmartín del GAD Parroquial El Progreso.
La reforma establece una disposición transitoria en la que se determina que el Ministerio de Finanzas realizará una liquidación a detalle en el plazo de 60 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley; contrastando los valores asignados al ente rector de planificación conforme lo establecido en el decreto ejecutivo 1689, de 8 de mayo de 2009 y lo efectivamente ejecutado, de tal forma que los valores pendientes que correspondan al 40% asignado para el extinto Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA) y que no hayan sido transferidos o ejecutados, deberán ser entregados a los GAD parroquiales. 
