Conagopare Azuay, junto a los 61 Gobiernos Parroquiales del Azuay, realizaron este jueves, 10 de octubre, un plantón en los exteriores del Ministerio de Economía y Finanzas, en Quito, exigiendo el pago de los recursos correspondientes a la Ley 047, tras un año siete meses de su publicación en el Registro Oficial; medida que sirvió para que el Gobierno Nacional cumpla con la entrega de estos valores.
El Ministerio de Finanzas realizó el deposito de 2.5 millones de dólares para los 61 GAD Parroquiales de la provincia, los mismos que corresponden a la liquidación de valores del extinto CREA; en días anteriores también se entregó 1.3 millones de dólares correspondientes al pago anual del 2023. Con esto, el Gobierno Nacional finalmente está al día con la entrega de los recursos por concepto a la venta de energía eléctrica que por ley le corresponden a los Gobiernos Parroquiales y que servirán para la ejecución de obras en los territorios rurales.
“Han sido muchas gestiones y reclamos al Gobierno Nacional para que el dinero que nos corresponde finalmente lleguen a los GAD Parroquiales y podamos hacer obras”, expresó el presidente de Conagopare Azuay, Jonnathan Quiñónez.
Además, destacó la importancia de estos montos para los Gobiernos Parroquiales que dependen únicamente de los recursos del Gobierno Central. Explicó que existen GAD Parroquiales como el de Simón Bolívar (Gualaceo) que tiene un presupuesto anual de 90 mil dólares, de los cuales el 78 mil se van en gasto corriente y apenas le quedan 12 mil dólares para hacer obras. Con la entrega de los recursos de la Ley 047 cada GAD Parroquial contará con 64.062,75 dólares más ($42.071,36 por la liquidación de valores del extinto CREA y 21.991,39 pago del 2023) que podrán invertir de forma directa en sus parroquias.
Presidentes, vocales y funcionarios de los 61 GAD Parroquiales del Azuay estuvieron presentes en Quito reclamando y exigiendo el cumplimiento de la Ley que fue aprobada en enero del 2023 y que establece rentas en favor de las provincias Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por la venta de energía eléctrica.
Los GAD Parroquiales tendrán que invertir el 70% en la ejecución de obras de infraestructura parroquial rural y el 30% restante en programas de forestación y reforestación que permitan la preservación de los recursos hídricos, la biodiversidad y protección del ambiente.
“Son recursos de vital importancia para las parroquias porque podremos hacer obras y cubrir algunas necesidades que hay en nuestros territorios”, indicó Estefanía Ordóñez, presidenta del GAD Parroquial de Güel.
Para recordar
La anterior Ley 047 establecía una asignación del 5% de la facturación que por la venta de energía a las Empresas Eléctricas efectúe en ese entonces el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel). En la división de ese 5 % se destinaba el 60% en partes iguales entre los Municipios de Azuay, Cañar y Morona Santiago y el 40 % para el Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA), institución que fue suprimida en el 2009.
Tras la reforma y aprobación de la ley, ese 40 % debe ir partes iguales a los Gobiernos parroquiales de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Además, la reforma plantea una transitoria en la que se establece que los valores pendientes no transferidos correspondientes a los ejercicios fiscales anteriores, que correspondan al 40 % asignados para el extinto CREA, deberán ser transferidos en la misma porción establecida, es decir: el 60 % a lo GAD Municipales y el 40 % a los Gobiernos Parroquiales.
En el caso de Azuay, Cañar y Morona Santiago la asignación se realiza por la venta de energía eléctrica de la central hidroeléctrica Paute.
